CARRUSEL: Waldo’s: por algún lado entraron los “cañonazo$”

Por Víctor Fausto Silva D.

Estaba más que cantado el cese de los coordinadores de Protección Civil estatal y municipal, como consecuencia de la explosión de la tienda Waldo’s en Hermosillo, y sin embargo, lejos estamos de presenciar el desenlace del lamentable caso.

No sólo porque las pérdidas humanas son irremediables y nunca habrá consuelo posible para deudos y demás afectados, ni por lo usualmente largos que resultan los procesos judiciales, sino porque conforme fluye más información, más se confirma que apenas estamos viendo la punta de un gigantesco iceberg

La verdad, a gritos
en la calle

Para empezar, la sola admisión de las propias autoridades de que la tienda tenía cuatro años operando sin los permisos correspondientes para garantizar la seguridad de sus clientes, vino a reforzar la sospecha sobre lo que cualquiera olfatearía: el caso despide el inconfundible tufo de la corrupción.

Ahora se sabe que –a toro pasado, pero se está haciendo- no sólo se cerraron las 68 sucursales de Waldo’s en Sonora, sino que se procedió igual en Baja California y Sinaloa, con el mismo sello distintivo: operaban igual, sin seguridad alguna.

Waldo’s: Modus
operandi

Usando la jerga policiaca, era su modus operandi para terminar como lo que son: bombas de tiempo, y vaya usted a saber cuántas bombas más operan así en el estado.

La desgracia le tocó a Hermosillo, pero igual pudo estallar donde quiera que dichos establecimientos fueron brotando como hongos.

A reserva de lo que arrojen las investigaciones, no hay elementos a la mano como para aseverar que Armando Castañeda Sánchez o Fernando Morales Flores hayan incurrido –cada quien en su esfera- personalmente en sobornos, pero si el propio secretario de gobierno Adolfo Salazar reconoció que las anomalías vienen de cuatro años atrás, por algún lado se colaron entonces los cañonazo$$, como para que en alguna instancia (vaya usted a saber a qué nivel) se hicieran chombitos dejándolos operar.

Durante la marcha de este miércoles en Hermosillo para exigir justicia, uno de los manifestantes soltó a voz en cuello una verdad de a kilo: “¡No fue accidente, fue corrupción!”, y a la luz de lo que va conociéndose, ni para dónde hacerse.

En su descargo, tanto Castañeda como Morales tendrán absoluta razón si sostienen que no se puede supervisar al cien por ciento un universo tan vasto de establecimientos públicos prácticamente con las uñas, porque ya se sabe que no disponen ni de recursos ni del personal suficiente.

Durazo: De la
intención a los
hechos

Sin embargo, las responsabilidades que de su actuación deriven deberán ser clarificadas y en su caso sancionadas durante el proceso abierto, pero de no estar en la “polla” solapando la corrupción, por lo menos habrían incurrido en negligencia, por no haberla detectado y erradicado.

En cuanto a la empresa, lo menos a esperar de las averiguaciones es que desemboquen en un justo castigo, sobre todo ya conociéndose que las condiciones en que trabajaba la tienda siniestrada en Hermosillo no era la excepción, sino la regla.

A la par y a propósito de que instancias tan importantes como Protección Civil trabajen en condiciones tan limitadas, lo que resultará ineludible no es sólo meterles lupa, sino también los recursos suficientes para exigirles mayor eficiencia, y aquí la pelota cae tanto en la cancha del gobernador Alfonso Durazo como en la de los señores diputados.

Y les cae precisamente a fines de año, cuando el gobernador deberá enviar al Congreso del Estado el presupuesto de ingresos y egresos para el 2026, como para que en él refuerce su mensaje de que tragedias así no deben seguir presentándose, asignando más recursos a las dependencias encargadas de prevenirlas.

Habrá que ver si la intención se refleja en hechos y en apoyos más allá de los discursos.

Y en el caso de los diputados, habrá que ver también si son capaces de levantar la voz, proponer e incluso realizar ajustes en caso de que no sea así, más allá de interpretar el papel que tan bien les sale, de meras comparsas para aprobar lo que les mandan, sin moverle ni una coma.

Lamentablemente, han ido dejando constancia de que ya parece tendencia institucional desmantelar lo poco que más o menos funciona, como lo fue con la eliminación del Fondo Minero que buenos recursos aportaba en apoyo a los municipios, o en el caso mismo del Fondo para Desastres, el Fonden, tan campechanamente eliminado en el sexenio anterior.

Y los diputados, por cuyo cedazo pasan los presupuestos, no dijeron ni pío.

Para ambos casos sirvió como pretexto que en el ejercicio de esos recursos se incurría en corrupción, sin que nadie probara nada ni mucho menos metieran al bote a nadie.

Luego, por ningún lado se les ve la congruencia que tanto pregonan sobre los gastos prioritarios, cuando acaban de aprobar el presupuesto federal con un feroz recorte de 21 mil millones de pesos en el rubro de seguridad, o el gasto destinado al campo con un 29 por ciento menos.

Falta conocer más a detalle el total del paquete, pero ya se adelantó que también a los estados y municipios les pasarán la tijera.

¿Y los diputados federales y los senadores por Sonora, cuándo dirán esta boca es mía?

En el caso del Waldo’s, seguramente no faltará legislador que se vaya por la ruta fácil de proponer el aumento de las sanciones penales, lo que de poco sirve nunca mientras no se gaste también en prevención.

Porque si se van a trepar a la tribuna nomás a gimotear, a enviar pésames y a darse golpes de pecho por la tragedia, mejor ahórrense el papelito y las actitudes farisaicas, porque tampoco sirven para maldita sea la cosa.